RESUMEN DE ARGUMENTOS: STOP A LA CONSTRUCCIÓN DE MACROCENTROS COMERCIALES.

Son crecientes las críticas formuladas desde estamentos sociales y políticos en Paterna, sobre la propuesta del equipo de gobierno de Sagredo “Joe” tomando como modelo comercial y urbano el proyecto de Puerto Mediterráneo.

Para Cuentas Claras Paterna, el desarrollo urbano en su práctica local y, en concreto, para la recuperación de la creciente degradación urbana y del territorio, el modelo espacial de distribución comercial, depredador de territorio de este macroproyecto, pone en cuestión la reinterpretación del desarrollo urbano desde la perspectiva de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también económico.

Parece, por otro lado, incontrolable la transformación del modelo comercial hacia su concentración en grandes superficies en las periferias urbanas, a pocos kilómetros de las ciudades y concentración, también, de la oferta en manos de grandes grupos transnacionales, está originando inquietudes y reflexiones que transcienden con mucho su dimensión sectorial.

La crisis económica está poniendo en cuestión el modelo y se observa una crítica creciente al significado y forma de vida que representan esas catedrales del consumismo que en realidad son los grandes centros comerciales, en manos de multinacionales, por sus inquietantes implicaciones culturales, socio-económicas, ambientales y territoriales.

ARGUMENTARIO:

1. Incrementa la utilización del vehículo privado (Aprox. 8 millones de vehículos).

2. Creciente dependencia del vehículo privado. En principio sin ningún transporte colectivo.

3.  Aumenta la contaminación atmosférica, lumínica y acústica, entre 6 a 7 mil Tm de CO2, liberados a la atmósfera, debido a más tráfico y dispersión urbana. A largo plazo puede ocasionar problemas de salud en la población cercana.

4. Estimula la ampliación de las infraestructuras de comunicaciones favorecedoras del vehículo privado, además de una ocupación abusiva de espacios verdes y abiertos de las periferias urbanas. Accesos desde el By pass y CV 35 y nueva carretera prolongación CV 31. Puede ser la escusa para la ampliación del By pass.

5.  Los grandes centros comerciales destruyen más empleo fijo del que crean en la región donde se ubican, por ejemplo en Aragón y en A Coruña.

- Descenso de ventas y ocupación en Aragón. La implantación de Puerto Venecia, no ha sido el motor económico para Aragón, según datos del Índice de Comercio al por Menor (ICM) del INE, en el año 2013, se han perdido 1.500 empleos en el sector.

- Incidencia sobre el comercio minorista en Zaragoza. La competencia entre centros comerciales, ha producido que Plaza Imperial, tenga sin alquilar locales y hayan desaparecido firmas como Primark, Kidstore, Zara, Zara Home, Nautalia, Sunglass Hut, Kaymo o Movistar, con el consiguiente despido de trabajadores/as. Así mismo El Corte Inglés, en Zaragoza, ha reducido significativamente su plantilla en estos dos años, debido a la apertura en Puerto Venecia.

- Otras incidencias sobre el comercio minorista en A Coruña. Los más de 2.750 empleos propiciados por la apertura de centros comerciales en A Coruña, no han servido para compensar los más de 8.000 puestos de trabajo que ha perdido el pequeño comercio en la ciudad. "Las cifras no mienten, las grandes superficies generan prácticamente la mitad de empleos que destruyen"."Estamos hablando de una pérdida de 5.000 empleos -continuó el presidente de la Federación Provincial de Comercio de la Coruña-. Así que, por favor no nos vendan este argumento falaz a vecinos, comerciantes y consumidores". "De estos empleos que aportan las grandes superficies la mayor parte son contratos temporales y parciales".

6. Desproporcionado aumento del coste de los servicios públicos. Más gastos en:

• Mantenimiento de viales urbanos o no. Limpieza y reparaciones.
• Recogida y transporte de RSU.
• Más consumo de alumbrado público en viales cedidos.
• Aumento del coste de mantenimiento de jardines y zonas verdes cedidas.
• Coste del mantenimiento y reparaciones por encauzar el Barranco D'Endolça y balsas antiavenidas.
• Coste de reparación y mantenimiento de canalización aguas residuales y su depuración.

7. Provoca una paulatina desertización de los centros urbanos y de la riqueza vivencial de los barrios al eliminar los pequeños y medianos comercios. Donde hay comercio hay vida.

8.  Elimina, poco a poco, a los pequeños comercios independientes, bloqueando los canales de distribución. Favorecen monopolios destruyendo la producción y distribución local.

9. Un macrocentro comercial tiene repercusión en el tejido económico local del lugar donde se realiza. Mientras los pequeños comercios contratan una serie de servicios profesionales ofrecidos por trabajadores autónomos o por otros pequeños negocios (desde fontanería hasta representación legal, pasando por asesoramiento fiscal), las grandes cadenas tienen estos servicios concentrados en sus oficinas centrales, lejos del espacio social donde se desarrolla la actividad comercial.

10. Además hay otro aspecto negativo en la actividad de las grandes superficies y es el destino de los beneficios generados por la actividad comercial de las grandes superficies. Las empresas transnacionales destinan los beneficios a inversión en los mercados financieros internacionales. Por el contrario, el tendero de barrio invertirá en productos financieros sólo después de haber cubierto sus necesidades a partir del intercambio comercial. Un estudio realizado por Friends of the Earth en el Reino Unido estimaba que el 50% de lo que gastamos en pequeños comercios retorna a la economía local mientras que la tasa de retorno del gasto en las grandes superficies es del 5%.

11. Perjudica a las rentas bajas y sectores no acomodados, particularmente a aquellos que no disponen de vehículos privados, personas de edad y jóvenes. A la postre, estos grupos sociales terminan pagando más altos precios por los productos.

12. Provoca una paulatina destrucción de industrias nacionales (Ejem. Textil y Calzado, tan arraigadas en la CV) y la pérdida de puestos de trabajo. Las grandes corporaciones dictan los términos y condiciones bajo la cuales se produce y se distribuye, exprimiendo a los productores hasta la extenuación y generando a la postre inseguridad en los puestos de trabajo.

13. Su producción centralizada propicia una política de envases y embalajes que favorece los no retornables y resulta ecológicamente desaconsejada. Generan más residuos y no favorecen el reciclaje.

14. Producen una uniformización-homogeneización cultural que remite, finalmente, a una pérdida de identidad o señas de identidad. Esta homogenización de culturas, gustos, necesidades y preferencias, produce sociedades más frágiles y vulnerables, lo que interesa a las multinacionales, fuera del control democrático.

Ha llegado pues la hora de analizar seriamente y con urgencia la conveniencia de continuar permitiendo la proliferación de macrocentros comerciales e híper en nuestro territorio. No hacerlo ya sería un grave error que dejará una pesada herencia a las generaciones futuras.

RAZONES PARA NO QUERER UN MEGACENTRO COMERCIAL O SHOPPING CENTER EN PATERNA

En Cuentas Claras estamos completamente de acuerdo con esta definición.

Los ‘shopping centers’, la utopía neoliberal

31 marzo 2014 | Categorías: Opinión | |

Emir Sader – Público.es

En su fase neoliberal, el capitalismo implementa, como nunca en su historia, la mercantilizacion de todos los espacios sociales. Se diseminan los llamados no-lugares –como los aeropuertos, los hoteles, los shopping centers–, homogeneizados por la globalización, sin espacio, ni tiempo, similares en todo el mundo.

Los shopping centers representan la centralidad de la esfera mercantil a expensas de la esfera pública en los espacios urbanos. Para la esfera mercantil lo que importa es el consumidor y el mercado. Para la esfera pública, es el ciudadano y los derechos para todos.

Los shopping centers representan la ofensiva avasalladora contra los espacios públicos, son el contrapunto de las plazas públicas. Son cápsulas espaciales condicionadas por las estéticas del mercado, según la definición de Beatriz Sarlo. Un proceso que homogeneiza a todos los shopping centers de São Paulo a Dubai, de Los Ángeles a Buenos Aires, de la ciudad de México a Ciudad del Cabo.

La instalación de un shopping rediseña el territorio urbano, redefiniendo, desde el punto de vista de clase, las zonas donde se concentra cada clase social. El centro –donde todas las clases circulaban– se deteriora, mientras cada clase social se atrinchera en sus barrios, con claras distinciones de clase.

Los shopping, como ejemplos de no-lugares, son espacios que buscan que desparezca todo lo específico –no tienen reloj ni ventanas–, donde desaparece la ciudad en que está inserto, junto con el pueblo, el país. Esos vínculos son sustituidos por la conexión con las mismas marcas globalizadas de los otros shopping del mundo, liquidando con las diferencias y las particularidades de cada país y ciudad, achatando todas las formas de consumo y de vida.

El shopping pretende sustituir la misma ciudad. Su aparición termina llevando al cierre de los cines tradicionales de las plazas públicas, sustituidos por docenas de salas de los shopping, que promueven la programación estándar de las grandes cadenas de distribución.

El shopping no puede controlar el ingreso de las personas, pero, como por milagro, sólo están ahí los que tienen poder adquisitivo; los pobres están ausentes.

Hay un filtro, muchas veces invisible, constrictivo, otras veces explícito, para que sólo ingresen los que cuentan: los consumidores. Al igual que al capitalismo neoliberal.

Los shopping centers constituyen la utopía del neoliberalismo, un espacio donde todo es mercancía, todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, todo está mercantilizado. Junto con los espacios públicos, desaparecen los ciudadanos y sus derechos. Que sólo interesan mientras sean productores de las mercancías a ser consumidas en los shoppings.

La inseguridad en las ciudades –la real y la explorada por los medios–, el mal tiempo, la contaminación del aire, el tránsito, proyectan a la gente que puede a refugiarse en esa cápsula, que la abriga aparentemente de todos los riesgos. Casi ya es posible nacer y morir en un shopping –sólo faltan la maternidad y el cementerio, hoteles ya hay. La utopía –sin pobres, sin ruidos, sin calles mal cuidadas, sin niños pobres vendiendo chicles en las esquinas o pidiendo limosnas. El mundo del consumo, reservado para pocos, es el reino absoluto del mercado, que determina todo, no sólo quién tiene derecho de acceso al shopping, sino también la distribución de las tiendas, los espacios obligatorios a circular, todo comandado por el marketing.

Como toda utopía capitalista, está reservada para pocos, porque basta el consumo de 20 por ciento de la población para dar salida a las mercancías y los servicios disponibles y alimentar a la reproducción del capital.

Para que esas cápsulas ideales existan, es necesaria la superexplotación de los trabajadores –niños, adultos, ancianos– en las oficinas clandestinas, con trabajadores paraguayos y bolivianos en São Paulo y en Buenos Aires, así como en Bangladesh y en Indonesia, que producen para que las grandes marcas exhiban sus ropas y tenis lujuosos en sus esplendorosas tiendas en los shoppings.

Es un espacio privatizado de las ciudades, reservado para algunos. Cuando jóvenes –como ahora en Brasil– deciden celebrar sus encuentros en los shoppings, causan pánico en los gerentes de las tiendas, que no saben qué hacer, porque no pueden prohibir su ingreso, pero a la vez saben que no son los consumidores de lujo a los que están dirigidas las tiendas.

El choque entre el mundo de los shoppings y los espacios públicos tradicionales –plazas, espacios culturales, clubes deportivos abiertos– es la lucha entre la esfera mercantil y la esfera pública, entre el mundo de los consumidores y el mundo de los ciudadanos, entre el reino del mercado y la esfera de la ciudadanía, entre el poder del consumo y el derecho de todos.

¿SABE SAGREDO "YO HE", QUIEN ESTÁ DETRÁS DE PUERTO MEDITERRANEO? NO ES TODO ORO LO QUE RELUCE.

Sagredo “Yo he”, día sí y día también, vuelve a poner en la agenda política de Paterna el tema del Macro centro “Puerto Mediterráneo”, curiosamente haciendo suyos el argumentario que Intu-Eurofund (puestos de trabajo y que al pequeño comercio le afecta más la venta por Internet, que las grandes superficies).

No vamos a discutir sobre estos argumentos, solo, si por casualidad la ciudadanía de Paterna y el mismo Sagredo, conocen con quien se juegan los cuartos, ya que solo se indica que es un inversor privado.

En Cuentas Claras Paterna, ya hemos informado “quien es quien” y que hay detrás de estas compañías, si bien es verdad, que parece que disponen de capital suficiente para realizar el proyecto, creemos que es interesante para el debate, saber con quién nos jugamos los cuartos.

Se viene repitiendo, con demasiada asiduidad, por los responsables de la construcción del centro comercial Puerto Mediterráneo, que su proyecto no tiene nada que ver con el resto de proyectos que se derivan del ATE (Hoteles, Casinos, etc. etc.), que han aprobado los equipos de gobierno del PP de Valencia y Paterna, indistintamente. La realidad a veces es tozuda y a Cuentas Claras Paterna, nos sorprende que los responsables del Centro Comercial insistan en que no saben nada al respecto de lo indicado anteriormente y todavía menos que Sagredo se lo calle.

QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE INTU Y PEEL HOLDING

Es verdad que Intu y Eurofund son  los promotores de Puerto Mediterráneo y que insisten, solo se centraran en su promoción y desarrollo posterior, pero se callan que el ATE, no solo se circunscribe al Centro Comercial, sino que hay previsto la ejecución de 4 grandes manzanas, de uso terciario en el que están previstas torres de hasta 20 alturas, para ocio, oficinas, hoteles, casinos, etc.

Es aquí donde aparece o mejor puede aparecer Peel Holding, una empresa inmobiliaria privada, con intereses en medios de comunicación, el transporte y la inversión en infraestructuras (Gestión de puertos y aeropuertos) en el Reino Unido. Los activos inmobiliarios de Peel constan de 850.000 metros cuadrados (9.000.000 pies cuadrados) de propiedades de inversión y más de 13.000 hectáreas (33.000 acres) de tierra, en UK.

La conexión entre ambas compañías es a través del propietario de Peel Holding, Mr. John Whittaker, que controla el accionariado de Intu.

¿QUE ES PEEL HOLDING?

Es un conglomerado de más de 300 empresas, con base en la Isla de Man, paraíso fiscal de UK, este sería su organigrama:

http://christian-eriksson.co.uk/wp-content/uploads/2013/06/Peel-Organogram-ExUrbe.pdf.

Casi todas son filiales Peel Group, que incluyen intereses en Liverpool, Durham y aeropuertos Doncaster, el Manchester Ship Canal, puertos escoceses, y los muelles a lo largo de las orillas del río Mersey.

La joya de la corona Peel fue, hasta 2011, el Trafford Centre, un enorme centro comercial fuera de la ciudad de compras en Manchester finalmente vendido a CSC para 1.65bn libras. Cuando se completó la venta, el imperio de Whittaker logró evitar legítimamente pagar alrededor de £ 200 millones en impuestos sobre las ganancias de capital, ya que tomó en pago acciones de CSC, actualmente Intu Properties plc.

En España están presentes en Zaragoza (Puerto Venecia), en Oviedo (C.C. Principado), en Vigo (Puerto Cabral, aun pendiente) y en Málaga, también pendiente.

LAS DUDAS QUE SUSCITA PEEL HOLDING EN REINO UNIDO.

En Inglaterra existen diferentes organizaciones sociales que no estaban o están, de acuerdo con el “control”, que ejerce esta gigantesca empresa en el noroeste, de hecho el think-tank ExUrbe y Peter Kilfoyle, ex ministro del Trabajo Oficina del Gabinete, está haciendo campaña para una mayor apertura y transparencia en las relaciones de Peel en Liverpool, en 2013 este think-tank, realizó un informe en el que logró descifrar que todas las empresas de Peel, incluidos Tokenhouse Inversiones (Guernsey) Puertos Limited y Peel Holdings (Ci) Limited, con sede en las Islas Caimán, conducen a Tokenhouse Limited, registrada en la Isla de Man ... ",

También venía a decir lo siguiente “The report concludes, amongst other things… "It is hardly surprising that there is a perception Peel has local governance – if not local authorities themselves – in its pocket"… , cualquiera puede entender que dice (traducir en Google)

http://www.salfordstar.com/article.asp?id=1761

http://media.wix.com/ugd/440822_22c65849313bcedd42dc15d57426cd04.pdf

En otras ciudades como Salford, Peel ha sido investigada por la Cámara de los Comunes, en relación a un contrato entre la BBC y su filial MediaCityUK, respecto al tema de los impuestos.

En Sheffield, el presidente de la Asociación de pequeños empresarios, opina que la asociación del Ayuntamiento con Peel Holding, ha sido desastroso para la regeneración económica de South Yorkshire.

https://bdaily.co.uk/industrials/20-08-2013/fsb-denounce-peel-group-as-disastrous-for-south-yorkshire/

Finalmente una pequeña alegría, es la victoria de las organizaciones sociales de Salford, al denegar Eric Pickles, Secretario de Estado para las comunidades y el gobierno local, anuncia la decisión de rechazar el plan de 600 viviendas y el nuevo puerto deportivo en el canal de Bridgewater, promovido por Peel Holding

http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/worsley-greenway-peel-group-blocked-8932233

Definitivamente el debate está servido, lo que no entendemos es como algunos políticos, antes de meterse en aventuras, no conocen que hay detrás de empresas como estas, sin encomendarse a nadie se dejan cegar por el poder económico, sin atender otros elementos para decidir.

Como siempre decimos, estos son los datos, vuestras las conclusiones.

¿QUE CONOCE EL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA?

En estos momentos se está procediendo a la renovación de electos en los diferentes consejos (sectoriales y participativos) en nuestra ciudad y observamos con pesimismo que el concejal J. Fernández  sigue la inercia generada por el anterior equipo de gobierno.

Da la sensación que, para este concejal, la idea de democracia participativa se contrapone por principio, entre la autonomía de las instituciones y la implicación activa de la ciudadanía y su deseo parece ser sustituir el dialogo por el clientelismo.

La política democrática no puede reducirse a mostrar periódicamente su acuerdo o no con las decisiones de los gobernantes. Tiene que estimular que quienes deciden escuchen a todos y tengan disposición para llegar a acuerdos. Tiene que poner en valor el diálogo permanente, fomentando la ciudadanía como eje de la democracia, como mejor instrumento de transformación y progreso social. Es la ciudadanía la que tiene que hacer aflorar las prioridades. Aspirar a conformarlas

La democracia de mayor calidad sólo puede conseguirse mediante una participación más activa, directa y numerosa de los paterneros y paterneras, por medio del establecimiento de nuevos instrumentos que hagan percibir la participación como una conducta que tiene reflejo en hechos concretos.

“La idea de participación debe partir de una actitud ciudadana de implicación responsable que ejerce derechos y asume responsabilidades”.

Sabemos de las dificultades de este proyecto. Somos conscientes de las limitaciones actuales de la participación ciudadana. Contamos de partida con que muchas veces se circunscribe a colectivos organizados. O que en otras está muy vinculada a intereses inmediatos, propiciados por una forma de ver la participación pasiva en la que los actores no intervienen en la toma de decisiones.

No obstante, la causa es la ausencia de estructuras institucionales de participación efectiva y diálogo entre los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil.

Para ello es imprescindible incorporar el valor de la participación a todas las actuaciones tanto desde los grupos políticos y el Ayuntamiento,  como desde nuestro entorno, propiciando así el desarrollo de una cultura participativa.

Como base para esta participación activa, deben promoverse las reformas que favorezcan y garanticen el acceso libre y la transmisión fluida de la información, la comunicación en red, el diálogo directo entre los ciudadanos y los poderes públicos. Reformas que incrementen las aportaciones de la ciudadanía, que refuercen los espacios colectivos y que fomenten el voluntariado.

Se trata que toda la ciudadanía se sienta protagonista del cambio social.

Por consiguiente, los principios básicos que deben enmarcar las reglas de este proceso son:

1.- Cogestión publica, entendida como un espacio de interacción entre la ciudadanía, las/os políticas/os y el personal técnico, en el que:

• Los ciudadanos/as a través de su participación activa deciden y comunican, se forman e informan y ejercen el control del proceso.
• Las/os técnicas/os asesoran sobre la viabilidad legal y técnica.
• Las /os representantes políticas/os asumen las decisiones y ejecutan, además de comprometerse a discutir sus propuestas con la ciudadanía

El principio de cogestión pública también supone establecer un seguimiento ciudadano sobre los gastos a medida que se va ejecutando el presupuesto. Del mismo modo, requiere y promueve  canales de información y comunicación que garanticen la transparencia del proceso.

2.- Democracia directa,  que se formalizará en la creación de asambleas públicas, las cuales serán abiertas garantizando una participación igual y universal, basándose en la idea de una mujer/un hombre, un voto. Para que este principio se cumpla plenamente será necesario fomentar la implicación de toda la ciudadanía.Las decisiones así alcanzadas serán de carácter vinculante. En consecuencia, la delegación deberá ser puntual y con mandato imperativo desde las asambleas.

3.- Planificación comunitaria, la intervención activa de la ciudadanía supone un procedimiento de planificación, que atienda a los siguientes objetivos prioritarios:

• Redistribución de las inversiones en base  a principios de solidaridad y justicia social.
•  Articulación de procesos de desarrollo comunitario contando con el protagonismo del tejido social formal e informal.
• Capacitación y educación popular, en procesos de corresponsabilidad donde aprenden tanto la ciudadanía como el técnicos/as y el políticos/as.
• Defensa de lo público.

4.- Espacio ciudadano y abierto. Los presupuestos participativos en tanto que espacio deliberativo y de convivencia se caracterizan por:

• La autorregulación, la propia ciudadanía establece las reglas del funcionamiento de los presupuestos participativos, sin excluir las competencias legales propias del ayuntamiento.
• El dinamismo, que se concreta en un ciclo anual revisable y mejorable.

5- Proceso vinculante, en virtud del cual las decisiones tomadas se incorporan en los presupuestos municipales. Por ello se garantiza la corresponsabilidad ciudadana, técnica y política en la creación de un proceso transparente y con seguimiento.

6.- Justicia social, propiciando la redistribución de la riqueza por zonas y sectores, atendiendo prioritariamente en la inversión, a aquellas más desfavorecidas, de acuerdos a criterios de necesidades básicas. Además, se promoverá la discriminación positiva de los sectores más desfavorecidos, garantizando cuotas de participación. Todo desde una perspectiva solidaria para construir nuestra ciudad, basada en la concienciación acerca de los problemas comunes, el bienestar social y la educación.

Por todo ello deberíamos empezar de nuevo a recuperar la definición de democracia participativa para que TODOS/AS tuviéramos el convencimiento y el conocimiento  de cuáles son los objetivos, los medios y los fines de la misma, que no son otros que los de  generar procesos de participación directa  y de corresponsabilidad  y cogestión publica en el ámbito local, a fin de complementar la democracia representativa.

Conocemos la dificultad que este tipo de elección directa conlleva, dado el poco entusiasmo que un proceso de estas características, genera en el aparato de los Partidos Políticos, pero debe ser una apuesta firme de TODOS/AS,  para caminar en esa dirección.

Lamentablemente no parece que este concejal, ni sus compañeros de viaje, sepan o estén capacitados, dadas sus limitaciones políticas, en implementar este modelo participativo, y fundamentalmente que no creen en el mismo.

PROPUESTA DE AYUDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN HABITACIONAL

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su apartado primero que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En similares términos se expresa en nuestra Carta Magna al declarar que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y añade que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo tal derecho.

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos en nuestra localidad. Esta situación ha provocado que muchos ciudadanos/as no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas.

Ante esta situación, nuestro Ayuntamiento no debe permanecer impasible; y ha de impulsar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a la ciudadanía, al objeto de hacer efectivo el derecho que se le reconoce a una vivienda digna, todo ello dentro del ámbito de sus competencias y posibilidades.

Conocedores de la necesidades existentes debemos de aunar esfuerzos para paliar el grave problema que suscita a muchos de nuestros conciudadanos/as, la dificultad de mantener su residencia habitual, se pretende, a través del presente documento, evitar que éstos se vean privados del derecho, constitucional y estatutario, al disfrute de una vivienda apropiada a sus necesidades familiares, sociales y económicas.

Por tanto, a través del presente plan de vivienda y de esta convocatoria destinada a las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente, se pone de manifiesto la preocupación del Ayuntamiento de Paterna por dar respuesta a estas situaciones.

El presente documento se elabora de conformidad con el artículo 28 de la Ley 7/85, que permite establecer a los municipios medidas complementarias en materia de vivienda de acuerdo con lo regulado en la legislación sectorial, y con la previsión normativa incluida en el artículo 2º de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, por la que se habilita a los municipios para intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndolas competencias suficientes para poder establecer y regular estas actividades de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad a los ciudadanos.

Plan de Ayudas para el alquiler de viviendas en Paterna

Primera. Definición de la Actuación, Dotaciones, Objetivos y Cuantía de la Ayuda

1. La presente convocatoria tiene por objeto el apoyo económico para el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, a través de subvenciones por cuantía máxima de 120 €/mes y mínima de 50 €/mes, sobre la base de la renta per cápita mensual de la unidad familiar y demás apartados baremables.
2. Diseñar un programa de vivienda social en alquiler que permita dotar a los Servicios Sociales Municipales de una bolsa de viviendas de alquiler que garantice por un lado a las familias su derecho constitucional a una vivienda digna, articulando a la vez las acciones oportunas que garanticen al propietario de la vivienda el cobro de la misma en caso de que el inquilino no pueda hacer frente al pago de la mensualidad comprometida.

A tales efectos, se destinarán 600.000 euros para el ejercicio 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria: 1531.48026 Plan Municipal de Vivienda – Subvenciones.

Dicho importe se revisará anualmente en función de cómo evolucionen las solicitudes de ayuda.

Segunda. Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los paterneros/as, que tengan suscrito contrato de alquiler a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias en el término municipal de Paterna.

El procedimiento de concesión de ayudas se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

La concesión de estas ayudas quedará condicionada a las disponibilidades presupuestarias, con los límites establecidos en el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio presupuestario y, en su caso, por la Junta de Gobierno Local.

Tercera. Requisitos de los Beneficiarios

1. Tener una edad mínima de 18 años

2. Que con carácter preferente, figuren inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes, con un mínimo de dos años ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud y que la vivienda alquilada objeto de subvención se encuentre ubicada en el término municipal de Paterna.

3. Que el nivel de renta per cápita de la unidad familiar, referido a los ingresos de la unidad de convivencia familiar sea inferior al IPREM.

4. Los ingresos mensuales de la unidad de convivencia en ningún caso podrán ser inferiores al importe mensual del alquiler suscrito.

5. Que el/la solicitante, ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia, sean beneficiarios de subvenciones en materia de alquiler de vivienda.

6. La cuantía mensual abonada en concepto de alquiler por el/la solicitante deberá ser en todo caso superior a la subvención a conceder.

7. Que ningún miembro de la unidad de convivencia familiar posea vivienda principal o secundaria a título de propiedad, o sean cotitulares de otros inmuebles de naturaleza urbana o rústica -salvo que por herencia tenga menos del 25% de la vivienda.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores producirá la exclusión de la solicitud. Asimismo, la participación en la convocatoria conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, a efectos de comprobar, en su caso, la realidad de los ingresos a los que se refiere la presente convocatoria.

Quinta. Pago de las Ayudas

Las ayudas serán satisfechas mensualmente previa presentación en el Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Paterna de la transferencia o ingreso en la cuenta del titular del contrato que acredite el pago de la correspondiente mensualidad.

La falta de presentación de documentos acreditativos del pago del alquiler durante dos meses consecutivos, dará lugar a la caducidad de la ayuda y a la concesión de la misma al siguiente beneficiario/as según listado baremado al que se hace referencia en las estipulaciones novena y décima.

Sexta. Determinación de la Renta Per Cápita

La cuantía de los ingresos familiares se determinará obteniendo la media mensual de ingresos de la unidad de convivencia familiar relativa a los seis meses anteriores al de presentación de la solicitud y dividiendo el valor resultante entre el número de miembros que componen dicha unidad de convivencia, según conste en el certificado correspondiente emitido por el Ayuntamiento de Paterna.

A los efectos del cálculo de los niveles de la renta per cápita, computará por dos todo miembro de la unidad familiar con una discapacidad debidamente acreditada, igual o superior al 33%. Igualmente a efectos del cálculo de la renta per cápita se computará un miembro más en la unidad familiar cuando quede acreditada la condición de víctima de violencia de género o que la familia es monoparental.

PROPUESTA PARA COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA EN PATERNA

La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), acaba de presentar el «Análisis de tendencias de pobreza energética 2014». Las cifras que manejan se basan en las Encuestas de Condiciones de Vida y de Presupuestos Familiares del INE, y en el barómetro del CIS. En ellas se ve que un 9% de la población española no pudo mantener una temperatura de confort en su vivienda. «El concepto de pobreza energético refleja la incapacidad de un hogar para pagar una cantidad mínima de servicios energéticos, entre los que están mantener a 21ºC la estancia principal y a 18 ºC las secundarias, que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud», dice ACA.

Cuando el termómetro baja de esos límites, «afecta al progreso escolar y el bienestar y resiliencia emocional de los niños», dicen los informes, que también resaltan que «dobla la probabilidad de que sufran problemas respiratorios» e incluso ocasiona a los más pequeños «problemas para ganar peso, mayores tasas de ingresos hospitalarios y de síntomas asmáticos». En este sentido,  «la pobreza energética podría estar detrás de la muerte prematura de más de 2.000 personas al año».

Casi el 10% de las familias sufren pobreza energética. Y no son forzosamente desempleados. De hecho, hemos visto reaparecer algo que no se veía hace muchos años, la figura del trabajador pobre; alguien con un salario tan bajo que no puede sacar del umbral de la pobreza a su familia. Es un tema serio. Si no se ayuda, podría llegar a ser alarmante».

Esta transversalidad queda también reflejada en el informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, impulsada por Cáritas Española. En él se aprecia que hay un 16,8% de hogares en situación de integración -no de exclusión- que tampoco pueden pagar la calefacción.

Si extrapolamos estos datos a Paterna, donde según el INE, hay 25.000 familias, más de 2.500 familias estarían en esta situación.

Desde ACA están convencidos de que la solución a la pobreza energética pasa por un conjunto de medidas (paliativas, asistenciales, etc.) aunque la más sostenible y la única efectiva a largo plazo pasa por la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación de las viviendas, con el objetivo principal, entre otras, de reducir la demanda energética y por tanto la vulnerabilidad de los ciudadanos a padecer pobreza energética en sus hogares.

Igualmente, entienden que el desarrollo de políticas y medidas que se impulsen desde las diferentes administraciones públicas es clave para prevenir, paliar y mitigar la pobreza energética, especialmente desde las administraciones autonómicas y las entidades locales y ayuntamientos, que suponen la escala de actuación más idónea y la que mejor conoce los factores que permitirán priorizar actuaciones.

De acuerdo a esta exposición de motivos, Cuentas Claras Paterna, propone los siguientes acuerdos:

1. Impedir corte de suministro en la estación fría. Las consecuencias de habitar en una vivienda a una temperatura inadecuada en la estación fría están ampliamente contrastadas. Agravan enfermedades cardiovasculares y respiratorias, afectan a la salud de niños y adolescentes, influye en la dieta de los miembros del hogar, agrava enfermedades crónicas e incluso provoca la muerte prematura de miles de personas. Por ello, establecer una tregua invernal para impedir el corte de suministro energético en los hogares más vulnerables es una medida que, si bien no soluciona el problema ni resuelve el impago de las facturas, si que evita las graves consecuencias derivadas de habitar en una vivienda sin los suministros de energía oportunos.
2. Ayudas asistenciales: Medidas como la provisión de mantas o de comida precocinada, la utilización de instalaciones para usos como la recarga eléctrica de ciertos dispositivos o el pago de facturas atrasadas son medidas paliativas que minimizan las consecuencias que padecen en esta situación los miembros del hogar. Este tipo de ayudas las prestan los servicios sociales de algunos municipios. No obstante, el problema no se soluciona de raíz y los programas de ayudas no dan abasto para atender todas las peticiones de ayuda que realizan los hogares. En Cuentas Claras Paterna, creemos que con un presupuesto de 200.000 euros anuales, se solucionarían muchos de los problemas actuales.
3. Redefinición de bono social: La única medida, y la de más largo recorrido, que minimiza establece una tarifa social para el suministro eléctrico es el denominado bono social. Además de que únicamente aplica a la factura eléctrica, determinados supuestos que dan derecho al mismo no implican que se trate de hogares vulnerables, por lo que se están destinando parte del fondo económico que cubre el bono social a hogares que no necesariamente lo necesitan.
4. Definición de consumidor vulnerable: En la línea de lo especificado respecto al bono social, es necesario que se establezca una definición adecuada de qué se entiende por consumidor vulnerable. La ley del Sector Eléctrico así lo especificaba y todavía no se ha aprobado el Reglamento que lo especifique. Esto permitirá establecer prioridades y redefinir aspectos como el bono social u otras medidas que se puedan poner en marcha.
5. Microrreformas de bajo coste: Una medida que puede minimizar el gasto energético del hogar y que puede llevarse a cabo con un coste muy bajo es la realización de microrreformas en la vivienda. Un ejemplo de las mismas sería la instalación de burletes en puertas y ventanas, cortinas en las ventanas, elementos reflexivos tras los radiadores para evitar las pérdidas por la fachada, etc. Se trata de medidas con un coste muy bajo o casi nulo que podrían suponer pequeños ahorros en las facturas de energía doméstica de muchos hogares con una inversión moderada. Además, la limitada inversión necesaria haría posible alcanzar con dichas medidas a un gran número de hogares.
6. Mejoras en la coordinación y gestión de agentes implicados: Por ejemplo, la coordinación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías energéticas está evitando que estás últimas corten el suministro a aquellos hogares que tienen facturas impagadas pero a los que los servicios sociales tienen concedidas ayudas para el pago de dichas facturas. Una cuestión de coordinación entre dos agentes, ayuntamientos y compañías, impide que se interrumpa el suministro de muchos hogares.
7. Establecimiento de facilidades de pago por las comercializadoras: Aunque las compañías comercializadoras contemplan facilidades de pago y planes específicos para clientes con dificultades para hacer frente al pago de las facturas, no publicitan ni ofrecen este tipo de servicios. Una oferta real por parte de las comercializadoras de este tipo de “facilidades de pago” podría evitar impagos y cortes de suministro en cierto porcentaje de población afectada.

PROPUESTA DE MOCIÓN: LA ALIMENTACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN PATERNA.

CRISIS Y DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

El impacto de la crisis económica supone para las personas afectadas enfrentar importantes dificultades para hacer frente al pago de las necesidades básicas, entre ellas la vivienda o la alimentación. La situación de emergencia habitacional y de pobreza energética que se suma también a la de emergencia alimentaria hace que el problema de la pobreza tenga que entenderse desde una perspectiva integral y garantista de los derechos humanos.

El derecho a la alimentación supone el derecho a todos los elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios para tener acceso a ellos. La crisis aumenta la inseguridad alimentaria, es decir, las situaciones en que las personas no consumen lo suficiente para desarrollar una vida activa y sana. La inseguridad alimentaria es un fenómeno en ascenso, asociada a casos de subnutrición (insuficiente ingesta de alimentos para satisfacer las necesidades de energía alimentaria), de malnutrición (desequilibrio por deficiencia o exceso de energía y nutrientes ingeridos) e incluso de desnutrición (como consecuencia de la falta de ingesta de proteínas, calorías, energía y micronutrientes).

IMPACTOS DE LA POBREZA ALIMENTARIA

Los grupos más proclives a verse sumidos en la inseguridad alimentaria son aquellos que dedican una mayor proporción de sus ingresos a la comida. Las dificultades para cubrir las necesidades alimentarias se han disparado a raíz de la crisis. La demanda de ayuda económica para costear la comida es la más solicitada, por las familias en exclusión. Un 4% del total de la población española carece de recursos para hacer frente a su alimentación básica diaria.

La inseguridad alimentaria de la población está relacionada no sólo con la falta de ingresos fruto del desempleo, sino también con el problema de la vivienda que se ha agudizado por la crisis, la consecuencia directa es que la inseguridad alimentaria es mayor en las familias que dedican más del 30% de sus ingresos a costear la vivienda y que tienen atrasos en el pago del alquiler. La falta de instalaciones adecuadas para cocinar en los hogares de bajo nivel socioeconómico y en infraviviendas (a menudo por impagos de suministro energético) contribuye al consumo de dietas menos variadas y de alimentos preparados.

La inseguridad alimentaria afecta a personas de todas las edades, ya que está afectando sobre todo a aquellos con menos ingresos, menos estudios, de minorías étnicas y inmigrantes.

Es necesario prestar atención a la situación de la infancia, al ser ésta un periodo fundamental para el desarrollo físico e intelectual de un individuo. UNICEF estima en 2.200.000 los menores que en España viven en la pobreza, una condición social que incluye malnutrición y dietas desequilibradas. Un aspecto específico del impacto de la crisis en la alimentación infantil tiene que ver con los comedores escolares. La crisis ha comportado un aumento de los alumnos que llevan tupper a la escuela al no poder pagar sus familias el coste del comedor escolar, las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos (AMPA) calculan entre un 15% y un 20% de las familias han prescindido del comedor.

Puede afirmarse, por tanto, que la crisis contribuye a vulnerar el derecho a una alimentación sana y saludable de aquellos sectores sociales con menos recursos económicos.

EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA

El derecho humano a una alimentación adecuada se encuentra reconocido en distintos instrumentos a nivel internacional:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) ya recogía en su artículo 25.1 el derecho a la alimentación.
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por España.
• El Protocolo Facultativo al PIDESC, ratificado por el Estado español en 2010, permite exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Pacto. De este modo, desde su entrada en vigor el 5 de mayo de 2013, se ha habilitado la presentación de quejas, individuales o colectivas, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas por vulneración de estos derechos por parte de las distintas administraciones del Estado.

También otros instrumentos internacionales reconocen explícita o implícitamente el derecho a la alimentación:

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 18 de diciembre de 1979, ratificada por el estado español en fecha 5 de enero de 1984.
• Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre del 1989, ratificada por el estado español en fecha 6 de diciembre de 1990.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 12 de diciembre del 2006, ratificada por el estado español en fecha 3 de diciembre de 2007.

“La inseguridad alimentaria y otros problemas de alimentación no pueden solucionarse si las medidas dirigidas al sistema alimentario no van acompañadas de una política en el terreno del empleo y la vivienda de expansión de derechos, y no de recortes en el gasto público. Garantizar el derecho a una alimentación sana y saludable requiere un fortalecimiento de los regímenes de bienestar”.

Por estas razones, se proponen los siguientes ACUERDOS:

1. Instituir la plena realización del derecho fundamental a la alimentación y la adopción de medidas en el ámbito local para la realización del derecho de toda persona a una alimentación apropiada y el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, a fin de que pueda desarrollar y mantener plenamente su capacidad física y mental.
2. Garantizar el derecho a la alimentación durante todo el año a todos los niños y adolescentes que viven por debajo del umbral de la pobreza, todos los niños y niñas que requieran de esta ayuda tendrán acceso a la misma, tanto en la educación primaria como secundaria. Dar respuestas urgentes a la pérdida de becas por la compactación de horarios en centros de secundaria y en época estival. Se debe garantizar que el comedor escolar sea un espacio educativo y no estigmatizador. Consideramos oportuna la promoción de comedores escolares ecológicos que implican la compra de producción local agroecológica y un mayor control sobre nuestra alimentación.
3. Examinar los medios apropiados para superar los actuales obstáculos, así como los que puedan presentarse, para la realización del derecho a la alimentación, teniendo en cuenta el enfoque de derechos y en ningún caso esgrimir razones económicas que supongan un retroceso en la realización del derecho a una alimentación adecuada.
4. Incluir, como mínimo, que el 2,5% del presupuesto de gasto, se destine  a una partida presupuestaria, para atender todos los casos de inseguridad alimentaria, con independencia del resto de ayudas proveniente de otras Administraciones Públicas autonómicas, estatales y europeas.
5. Fomentar iniciativas de abaratamiento del coste de verduras y frutas (Autoconsumo), así como experiencias concretas, prácticas que incentiven su consumo entre los segmentos de población con menos ingresos y menor nivel educativo. A título de ejemplo, Banco de tierras, CEM Granja Julia, etc.
6. Diseñar e implementar programas y campañas educativas sobre alimentación adecuada que ponga de relieve el papel protagónico de la producción local y la recuperación de la cultural alimentaria local.
7. Incorporar la perspectiva de género en el cumplimiento del derecho a la alimentación y promover la corresponsabilidad y reparto de todos los trabajos, en especial de los cuidados (en este caso el que nos ocupa, el de la alimentación) entre hombres y mujeres, dándole el reconocimiento y la relevancia que merece por ser la base esencial de la reproducción de la vida y del fomento de otros valores basados en la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad de la vida.
8. Promover los esfuerzos de solidaridad que una amplia variedad de organizaciones sociales (bancos de alimentos, ONG…) están realizando en favor de quienes viven en la inseguridad alimentaria. Sin embargo, conviene recordar que el papel de las organizaciones sociales no puede ser sustitutivo de las responsabilidades de la administración, y su actividad paliativa por sí sola no puede solventar problemas estructurales.
9. Mejorar la coordinación entre servicios sociales generales y los de los barrios con las organizaciones que trabajan en ellos, para dar respuestas a las necesidades alimentarias de la población. Fomentar la solidaridad y el trabajo comunitario para evitar la estigmatización y el individualismo.
10. Comunicar el presente Acuerdo a las Juntas de barrio, entidades sociales de Paterna y al Consejo sectorial de Bienestar Social.